Durante décadas, los controles de vehículos -las inspecciones aparentemente rutinarias bajo el pretexto de garantizar la seguridad- no han sido más que un modelo de negocio diseñado para servir a los intereses de los que están en el poder.
Estos controles, aparentemente implementados para salvaguardar a los conductores y peatones, históricamente se han visto empañados por una inconsistencia evidente: las mismas rutas, señales y carreteras que se supone deben mantenerse para la seguridad pública están constantemente descuidadas y son dejadas en mal estado.
Mientras tanto, la población está implacablemente obligada a cumplir con estas inspecciones, regularmente a un costo personal y financiero significativo. Esta disparidad persistente pone de relieve una verdad inquietante: los controles de vehículos no son para la seguridad sino para potenciar el control.
La fachada de seguridad es como siempre una cortina de humo utilizada para justificar las medidas de vigilancia en curso y en expansión.
A lo largo de los años, los gobiernos y las corporaciones han subido continuamente la apuesta, introduciendo nuevas capas de regulación que sirven como mecanismos de opresión digital.
El empuje hacia la digitalización no es de naturaleza accidental o puramente tecnológica; es un movimiento calculado y diseñado para endurecer el control y la opresión.
Desde el momento en que un vehículo es detenido para ser inspeccionado, no es sólo un control de rutina: es un paso hacia un sistema de supervisión generalizada dirigido a monitorear, rastrear y, en última instancia, limitar el movimiento de la población.
Las verificaciones de vehículos un negocio en todo el mundo
Casi todos los países requieren inspecciones o verificaciones obligatorias de vehículos para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad y emisiones de carbono. A continuación se presentan ejemplos notables agrupados por regiones, con detalles clave sobre los sistemas de inspección.
La mayoría de las naciones hacen cumplir inspecciones periódicas de vehículos, con arreglo a las normas de seguridad y medio ambiente.
Alemania
- Requerido cada 2 años para vehículos con antigüedad mayor de 3 años.
- Cubre frenos, luces, neumáticos, emisiones e integridad estructural.
Reino Unido
- Requerido anualmente para vehículos con antigüedad mayor de 3 años (4 en Irlanda del Norte).
- Comprueba la seguridad, el control técnico y las emisiones.
- Verificación digital a través de la base de datos nacional; las cámaras en carretera detectan vehículos no conformes.
Países Bajos
- Inspección cada 2 años para automóviles de 4 a 7 años; anualmente después de los 8 años.
- Multas automatizadas (180 €) emitidas si han caducado.
- Verificación digital a través de la base de datos nacional; las cámaras en carretera detectan vehículos no conformes.
Bélgica
- Inspección anual requerida después de 4 años
- Certificado "verde" para aprobación; "Rojo" por falla (2 semanas para reparar).
- Inspección obligatoria de preventa.
Austria
- Inspección anual para todos los vehículos con antigüedad mayor de 3 años.
- Extremadamente minucioso; incluye el transporte subterráneo y los controles de alineación.
- Requerido para el registro de vehículos.
Brasil
- Inspección obligatoria de vehículos en las principales ciudades como São Paulo.
- Se centra en las emisiones y la seguridad.
- Requerido anualmente para vehículos antiguos
México
- Preparación para la verificación obligatoria en todo el país, actualmente vigente en la Ciudad de México y sus alrededores.
- Emisiones bianuales y controles de seguridad.
- Las etiquetas indican el cumplimiento y permiten la circulación en base a la matrícula
Japón
Uno de los sistemas más rigurosos.
- Requerido cada 2 años después del período inicial de 3 años.
- Incluye seguridad, emisiones e incluso una tarifa por el uso de la carretera.
- Inspección de vehículos de motor
Corea del Sur
- Inspección obligatoria cada 2 años para vehículos con antigüedad mayor de 3 años.
- Cubre los niveles de seguridad, emisiones y ruido.
- Necesario para la renovación de la matrícula del vehículo.
Estados Unidos
No es un mandato federal; varía según el estado.
- Alrededor de 15 estados requieren inspecciones periódicas de seguridad y/o emisiones.
- Ejemplos: Nueva York (anual), California (cheque de smog bienal).
En cada uno de los ejemplos podemos observar un factor común que deja en claro el motivo subyacente de tales inspecciones: la medición de emisiones. Esto es un factor determinante y que está conectado a la agenda digital y la limitación del movimiento.
De la modernización a la coerción tecnológica: un patrón global
En todo el mundo, los gobiernos están adoptando rápidamente políticas de prioridad digital bajo el lema de "modernización", "eficiencia" y "sostenibilidad". Pero cuando estas transiciones carecen de alternativas offline, evolucionan hacia lo que los académicos y defensores de los derechos humanos llaman "coerción digital" y "capitalismo de vigilancia"
Las Naciones Unidas, a través de su Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el recién propuesto Pacto para el Futuro (2024), promueven activamente la digitalización mundial. Iniciativas como el Pacto Digital Global abogan por el acceso universal a internet, la gobernanza digital y la integración de la IA en la administración pública.
Estos objetivos son mostrados como bien intencionados. Sin embargo el objetivo de cerrar la brecha digital como una prioridad mundial, es en realidad por el motivo subyacente de poder formar un sistema de vigilancia y opresión, donde la tecnología debe ser impuesta sobre la vida bajo la miserable excusa de que es la "modernidad" y garantizar la "seguridad"
Todas estas políticas de modernización tienen la característica de imponer forzosamente la obligatoriedad de usar servicios digitales, como email, servicios de internet(con lo perjudicial que resultan las radiaciones inalámbricas), la necesidad de pesado y obstrusivo software(los cuales funcionan más como spyware) y por supuesto la necesidad de los indispensables grilletes, perdón… teléfonos "inteligentes" cuya duración los hace más descartables que el papel higiénico
La digitalización en Argentina ejemplifica cómo la agenda digital es impuesta con descaro.
De tantos países que están implementando la agenda digital, llama la atención el caso particular de Argentina. Sin siquiera conocimiento de sus habitantes, la implementación de múltiples medidas digitales es algo común. Probablemente debido a la tradicional propaganda y manipulación de los medios vendiendo todo esto como progreso, sumiendo a la población en el mayor silencio dejando en relieve una evidente ignorancia de la amenaza digital.
Las áreas públicas están fuertemente vigiladas con cámaras de seguridad, existe una presencia policial abrumadora, en la administración de trámites básicos están imponiendo el uso de cuentas digitales, medidores inteligentes (que han sido criticados en todo el mundo) han sido desplegados en el mayor silencio y han cargado el costo de sus instalaciones en las tarifas de los servicios.
Incluso han puesto en funcionamiento un sistema identidad digital ("mi argentina") donde se encuentran todos los datos de cada ciudadano y para muchos trámites están volviendo a este software necesario, en consecuencia la dependencia de dispositivos electrónicos como los teléfonos inteligentes.
La verificación vehicular resulta otro ejemplo, con la imposición de crear una cuenta digital necesaria para poder cumplir con estos trámites legales. Esto produce una situación devastadora y opresiva sobre los civiles los cuales están condicionados en su movilidad, sin mencionar las consecuencias legales que sufrirían por el incumplimiento.
El sistema VTV argentino puede no ser un resultado directo de la presión de la ONU, pero refleja una tendencia más amplia: instituciones globales que promueven la digitalización sin alternativas adecuadas. La agenda de la ONU asume la conectividad universal, la alfabetización digital y la confianza en la tecnología, promesas que deliberadamente no mantienen en la realidad.
La atropellada modernidad
En las bulliciosas calles de Buenos Aires, miles de personas recorren su vida cotidiana, viajando al trabajo, haciendo recados, asegurando que sus vehículos cumplan con las normas legales a través de la Inspección Técnica Vehicular (VTV).
Pero para muchos residentes, especialmente aquellos sin acceso al correo electrónico o conectividad a internet, una tarea administrativa aparentemente rutinaria se ha convertido en una fuente de frustración, exclusión e incluso indignidad.
Lo que se pretendía como un esfuerzo de modernización -la digitalización de las citas de VTV y el uso obligatorio de la Dirección Electrónica Vial (Domicilio Virtual Electrónico, o DVE) por parte de la Provincia de Buenos Aires- se ha convertido en una barrera sistémica que afecta desproporcionadamente a los más vulnerables.
Mientras que la transformación digital es mostrada como siempre con la excusa estúpida de "eficiencia, transparencia e innovación" su implementación en servicios públicos críticos como VTV revela un lado más oscuro: uno donde la tecnología no es una herramienta para el progreso, sino un mecanismo de exclusión y control absoluto.
Cuando el acceso a los derechos básicos depende de plataformas digitales controladas por las empresas, debemos preguntarnos: ¿a quién sirve realmente la tecnología?
La digitalización de trámites obligatorios: ¿Eficiencia a qué costo?
El cambio a sistemas de citas en línea para inspecciones VTV en la Provincia de Buenos Aires representa un caso clásico de cómo se impone actualmente la digitalización.
Con el nuevo sistema, todos los ciudadanos deben registrarse a través del DVE, una dirección digital vinculada al correo electrónico y al acceso a Internet. Esta puerta de enlace digital no es sólo para VTV: se extiende a renovaciones de licencias de conducir, administración de multas de tráfico y otros procesos burocráticos esenciales.
En la superficie, esto suena como progreso. Después de todo, los servicios digitales pueden reducir los tiempos de espera, optimizar las operaciones y minimizar la corrupción. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja.
Este sistema puede no implicar vigilancia en tiempo real o seguimiento del comportamiento, pero ejemplifica una realidad distópica cada vez más común: se está condicionando el ejercicio y cumplimiento de los derechos cívicos a una infraestructura digital sobre la cual los ciudadanos no tienen control.
Esa infraestructura (servicios de correo electrónico, portales web, sistemas de recopilación de datos) está dominada en gran medida por empresas tecnológicas multinacionales.
Así que cuando un gobierno ordena el uso del correo electrónico, indirectamente ordena la dependencia de plataformas como Gmail, Yahoo o Outlook - servicios propiedad de Google, Verizon, Microsoft - ninguno de los cuales son públicos o democráticamente responsables.
Esto no es sólo digitalización. Es la externalización de la participación cívica a los ecosistemas digitales corporativos, así como la imposición del consumo de productos electrónicos necesarios para poder acceder a los mismos
No se puede aceptar que las personas estén bajo la imposición de depender de servicios digitales para poder realizar trámites legales obligatorios, incluso si los servicios digitales fueren proveídos por el estado.
Imponer esto es establecer una dependencia a sistemas digitales los cuales por la naturaleza de los sistemas informáticos nunca se puede garantizar transparencia y los civiles nunca tendrán control alguno, seguridad, ni garantías, dejando a toda la población sometida a estas medidas digitales en un estado de vulnerabilidad extrema.
Cuando estas medidas "tecnológicas" son impuestas deliberadamente sin ninguna alternativa, las vuelven inevitables para realizar tramites legales obligatorios cuyo incumplimiento ocasionará severas consecuencias en la libertad de las personas.
Queda en relieve que toda esta infraestructura digital, jamás ha tenido las buenas intenciones que le profesan, pues permite niveles de control y opresión absolutos sobre la vida.
La identidad digital y la reducción de la movilidad
