En los últimos meses, el gobierno mexicano ha intensificado una campaña que, bajo la bandera de “modernización y seguridad ciudadana”, avanza a paso acelerado hacia la implantación de una identificación biométrica obligatoria.
El proyecto, que parte de la transformación de la Clave Única de Registro de Población (CURP) en una credencial digital vinculada a datos faciales, dactilares, de iris y firma electrónica, ¿es el último paso de una larga marcha hacia una vigilancia estatal sin precedentes?
Voluntario pero obligatorio: De registro opcional a identidad obligatoria
¿Qué es el CURP biométrico y cómo pretende funcionar? Tradicionalmente, la CURP ha sido un número de identificación civil que el ciudadano puede consultar o emitir de forma voluntaria. Con la nueva normativa, ese esquema “opcional” se transforma en una credencial obligatoria que se enlaza directamente con los servicios críticos del Estado: banca, salud, educación, seguridad social e, incluso, migración.
El nuevo CURP biométrico incorpora:
- Reconocimiento facial: Captura de la imagen frontal del rostro en alta resolución.
- Diez huellas dactilares: Lectura completa de ambas manos.
- Escaneo de iris: Fotografía infrarroja del iris para reforzar la unicidad del registro.
- Firma digital: Captura de la firma manuscrita mediante tablets certificadas.
- Código QR: Enlace que permite la verificación rápida en dispositivos móviles o en la credencial física.
Todos estos datos se depositan en la Plataforma Unificada de Identidad (PUI), una base de datos centralizada que, según el gobierno, integrará registros civiles, bases forenses y sistemas policiales para “facilitar la localización de personas desaparecidas”.
No obstante, mediante la aplicación de este sistema cualquiera será localizado fácilmente sin necesidad de estar, precisamente, desaparecido.
La llave MX y la red de servicios
Junto al CURP biométrico, el Estado ha puesto en marcha Llave MX, un mecanismo de autenticación que permite a los ciudadanos acceder a portales gubernamentales, firmar trámites y validar su identidad en línea sin necesidad de contraseñas tradicionales.
La combinación de CURP y Llave MX según estos autoritarios burócratas, que siempre utilizan los mismos fundamentos justificativos, sería para “simplificar la interacción con la administración, reducir fraudes y acelerar procesos burocráticos”.
En realidad el objetivo que esconden es instaurar su agenda esclavista con el corte radical de libertades y derechos de los ciudadanos, estableciendo un nuevo mundo totalmente digitalizado biométricamente en el cual cada individuo estará controlado 24 horas al día y sólo podrá hacer aquello que le sea permitido si es que se lo permiten.
El último eslabón: la obligatoriedad de la SIM vinculada a la CURP
El 9 de enero de 2026 se promulgó la Ley de Registro Obligatorio de SIM, que obliga a que todas las tarjetas SIM –incluidas las eSIM y los planes prepago– estén asociadas a un CURP biométrico antes del 1 de julio de 2026. El incumplimiento conllevará la suspensión del servicio móvil. Con cerca de 130 millones de suscriptores, la medida garantiza una inscripción casi universal.
Esta ley constituye el tercer intento del país de vincular la telefonía a la identidad oficial. Los intentos anteriores —RENAUT (2008) y PANAUT (rechazado por la Suprema Corte en 2022) — fracasaron, pero aún resuenan en la memoria colectiva ya que dejaron sus efectos irreparables debido a filtraciones masivas de datos y vulneraciones de privacidad. Una vez que los datos son vulnerados no existe forma alguna de retrotraer el fatídico hecho.
La libertad con vencimiento.
El gobierno lanzó, en agosto de 2025, una licitación pública para contratar los servicios de computación en la nube que soportarán la PUI, con requisitos de disponibilidad 99,99 %.
La magnitud de la infraestructura requerida —capacidad de procesar cientos de millones de lecturas biométricas, actualizar bases de datos en tiempo real y ofrecer APIs a instituciones federales— plantea serias dudas sobre la preparación tecnológica del país y la capacidad de supervisión de los contratistas.
A pesar de eso, el calendario esclavista ya se puso en marcha desplegando la infraestructura necesaria para tales fines. La plataforma en la nube que albergará la PUI, ya está disponible desde el 15 octubre de 2025.
Con fecha 14 noviembre de 2025 se estableció el CURP biométrico obligatorio para inscripción escolar. En febrero de 2026 fueron desplegados a nivel nacional centros de captura y verificación. En Julio de 2026 operará el cierre definitivo, donde todas las SIM deberán estar vinculadas al CURP biométrico.
Riesgos de privacidad y el espectro de la vigilancia masiva
Acceso amplio y sin notificación
La legislación permite que agencias de inteligencia, fiscales y la Guardia Nacional consulten la base de datos biométrica sin notificar al titular. La ausencia de un “registro de auditoría” o de una obligación de justificación previa constituye, según expertos, una puerta abierta a abusos y a la creación de un ecosistema de vigilancia sin precedentes.
“Esto nos coloca en un ecosistema de vigilancia masiva sin disposiciones para identificar el uso incorrecto de datos, violaciones de datos, robo de identidad o actos de corrupción”, denunció José Flores, director de R3D.
Los críticos, que califican la normativa de “proyecto de ley espía”, recuerdan la promesa de la presidenta Claudia Sheinbaum de que “el gobierno no espiará a nadie”. La contradicción entre la retórica de protección y la práctica de un control totalitario ha encendido las alarmas.
Lecciones del pasado: la fuga de datos de RENAUT
En 2008, el registro RENAUT quedó expuesto tras una brecha que comprometió la información privada de millones de ciudadanos que fue filtrada y supuestamente vendida por funcionarios corruptos de alto rango.
Su sucesor, el registro, PANAUT, incluyó datos biométricos, huellas dactilares y reconocimiento facial. Pero hubo reclamos presentados en la justicia de aquellos que se atrevieron a desafiar la ley y en 2022 la Corte Suprema de México la anuló como inconstitucional, citando violaciones de privacidad.
Con este nuevo intento y a pesar de existir de fallos de la Suprema Corte en oposición, los burócratas hacen oídos sordos e insisten como niños caprichosos en el afán por lograr su objetivo.
Esto sólo evidencia una violación al Estado de Derecho; la inobservancia de los fallos del Poder Judicial constituye un quebrantamiento de la división de poderes y es incompatible con una democracia consolidada.
Al contrario de la propaganda
Estos episodios de fuga de datos y muchos otros del mismo estilo se han producido en distintos países y son una evidencia clara que demuestra que no existe tal “seguridad” en el manejo de esta información sensible.
Todos los aduladores de estos nuevos despliegues tecnológicos que andan vociferando discursos de “seguridad de y en los sistemas biométricos” no son más que agentes de propaganda trabajando para sus propios intereses y los de las grandes tecnológicas.
La centralización de datos sensoriales aumenta exponencialmente el impacto de cualquier vulneración.
Veamos lo que los defensores y obsecuentes oficiales afirman sobre la digitalización biométrica, contrastados con la realidad sobre sus discursos:
- 1. Seguridad ciudadana – Facilitar la localización de personas desaparecidas y reducir la impunidad. Lo que significa una vigilancia constante en áreas públicas sobre la población. Esto permite que en un futuro no muy lejano se puedan imponer toda clase de medidas draconianas como el geofencing.
- 2. Eficiencia administrativa – Eliminar la duplicidad de trámites y acelerar la entrega de servicios. El cuento clásico de que «es más fácil» sin embargo lo que será más fácil es imponer las medidas que los burócratas quieran.
- 3. Inclusión financiera – Permitir que la población sin historial crediticio acceda a productos bancarios mediante una identidad verificable. Lo que no cuentan es que en realidad se puede convertir fácilmente en herramienta para la tokenización digital de la vida de las personas convirtiéndolas en activos económicos pues con la biometría pretenden legitimar judicialmente la figura de una personería digital.
Este discurso apela a los valores de orden, progreso y bienestar, componentes emocionales que recurren a sentimentalismos para convencer a la población de aceptar medidas restrictivas cuando se presentan como soluciones a “problemas latentes (delincuencia, exclusión social, burocracia)”.
Ya no se es libre, se es esclavo.
No obstante, la agenda implícita detrás de estas políticas no busca, obviamente, la protección del individuo, sino la consolidación de un control esclavista y permanente sobre cada aspecto de la vida cotidiana de los ciudadanos.
El registro biométrico, al estar ligado a la telefonía, la educación, la salud y la banca, entre otros aspectos más de la vida diaria, convierte al ciudadano en una entidad digitalmente trazable en cualquier momento y lugar.
En la carrera desesperada de tecnócratas y burócratas por digitalizar a las poblaciones, respaldada por pretextos que van desde la “seguridad nacional” a la “inclusión financiera”, se observa nítidamente la pérdida de derechos y libertades de ciudadanos ajenos a los reales objetivos que se esconden detrás de esas cortinas de humo hábilmente utilizadas para encubrir las verdaderas intenciones disfrazadas de “adelantos y seguridades”.
Las “soluciones modernas y tecnológicas” de la era digital descienden rápidamente en el terreno de la vigilancia masiva convirtiéndose en herramientas de control totalitario.
¿Vigilancia Masiva? : La Carrera acelerada de la Digitalización Biométrica en México
