Japón ha estado limitando cada vez más la libertad de expresión, particularmente en el ámbito de las redes sociales, debido al aumento de la "desinformación" y la influencia de poderosos intereses empresariales y gubernamentales.
En mayo de 2024, el parlamento de Japón aprobó una ley que permite la rápida eliminación de publicaciones difamatorias de plataformas de medios sociales como Facebook y X, que entró en vigor el 1 de abril de 2025.
Sin embargo, a algunos bloggers japoneses de YouTube les preocupa que su contenido pueda ser objeto de «desinformación», especialmente cuando critican las políticas gubernamentales.
La Agencia Nacional de Policía japonesa ha sido conocida por filtrar información sobre individuos bajo investigación para presionarlos a confesar crímenes, una táctica que ha llevado a graves consecuencias para los injustamente acusados.
En el Índice Mundial de Libertad de Prensa, el ranking japonés de libertad de prensa ha descendido del 68 al 70 entre todas las naciones del Grupo de los Siete por la libertad de prensa.
Esto se debe a la autocensura de la mayoría de los reporteros japoneses, a quienes se les puede prohibir las reuniones informativas oficiales si reflejan mal al gobierno.
Esta situación es particularmente preocupante dada la historia de Japón de suprimir la libertad de información y expresión, que comenzó con la Ley de Preservación de la Paz en 1925, que penalizó la expresión de ideas no aprobadas.
