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La participación de las corporaciones privadas en el diseño y adquisición de tecnología de reconocimiento facial para la aplicación de la ley en India plantea riesgos de privacidad, procesos opacos, incentivos privados que impactan la política y una delegación de funciones de vigilancia del estado.
El Centro de Investigaciones en Derecho y Tecnología Aplicadas (ALTR) determinó que a los autores les preocupa que estas cuestiones no logren atraer la atención de la sociedad civil a medida que las tecnologías biométricas y de vigilancia se vuelven más sofisticadas y generalizadas. Los autores cuestionan cómo estas empresas privadas acceden a vastos conjuntos de datos necesarios para desarrollar algoritmos para el reconocimiento facial, y si el sector privado debe tener acceso desenfrenado a datos biométricos vitales con fines de seguridad estatal.
Los autores también cuestionan si las empresas privadas se dedican a servicios de vigilancia más allá de la venta de tecnologías a los organismos encargados de hacer cumplir la ley, y si el Estado delega funciones que deberían ser excepcionales incluso para el Estado.
Los autores recomiendan la transparencia en los acuerdos FRT, la regulación algoritmica, la claridad en las responsabilidades de protección de datos, restricciones legales más estrictas en la vigilancia y la participación pública en la toma de decisiones sobre FRT para minimizar los daños causados por la provisión privada de FRT para la aplicación de la ley.