El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha dictaminado que los proyectos de "reconocimiento biométrico emocional" financiados por la UE no deberían ser objeto para organizar debates públicos sobre sus experimentos biométricos.
Un grupo internacional de libertad de expresión e información, sostiene que el tribunal priorizó los intereses comerciales sobre el interés público. El grupo sugiere que el escrutinio público se realice desde el comienzo del desarrollo de tales proyectos.
El EGC también consideró negligente la Agencia Ejecutiva de Investigación de la Comisión Europea al evaluar las solicitudes del activista de derechos digitales y eurodiputado Patrick Breyer. La investigación iBorderCtrl, que cuesta €4,5 millones, consiste en un detector de mentiras de vídeo basado en AI.
El Tribunal Europeo dictamina que los proyectos de "reconocimiento biométrico" no son para debate público
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