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Desde 2017, el Partido Comunista Chino (PCCh) ha estado atacando activamente a los uigures, un grupo minoritario musulmán basado principalmente en Xinjiang, China. Se estima que el PCCh mantiene a 1,8 millones de uigures en campamentos de reeducación política, sometiendo a más de 3 millones a trabajos forzados y tratando de reducir la población uigur mediante abortos forzados y esterilizaciones.
Estados Unidos emitió una determinación de atrocidad declarando que los uigures enfrentan continuos genocidio y crímenes de lesa humanidad. Tras esto, Estados Unidos y otros gobiernos aprobaron la Ley de Prevención del Trabajo Forzoso de Uyghur (UFLPA), que creó una «presunción rebatible» de que el gobierno impediría que todos los bienes producidos con el trabajo forzado de Uyghur entraran en los mercados estadounidenses.
La UFLPA se promulgó en diciembre de 2021 y las disposiciones de aplicación entraron en vigor en junio de 2022. El PCCh continúa atacando a los uigures, operando el mayor programa de trabajo forzoso patrocinado por el estado en el mundo. Para maximizar la eficacia de la UFLPA, Washington debería complementarla con una implementación integral de sanciones y un régimen secundario de sanciones dirigido a entidades que ayuden y participen en la esclavización de los uigures por parte del PCCh.